Vuelven las notificaciones de desahucio con el fin del estado de alarma y el inicio del año judicial

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“Una patada en la puerta” retumba en la mente de Mari Carmen desde que le notificaron que el 15 de septiembre tendría un juicio oral. Divorciada, en paro y con un hijo de trece años, vive en un piso de Manresa (Barcelona) con un amigo que la acogió cuando perdió su vivienda. Él, cristalero en ERTE, se enfrenta a un desahucio por impago del alquiler que también podría dejar en la calle a Mari Carmen y a su hijo. 

De momento los servicios sociales no le han ofrecido una solución habitacional. “He pensado hasta en dar una patada en la puerta de una casa y okupar, si fuera yo sola lo haría, pero tienes un hijo y tienes miedo de la huella que le puedas dejar”, cuenta Mari Carmen a Newtral.es.

La vista oral estaba programada para el 15 de marzo, hace ya seis meses. Pero la pandemia de COVID-19 también paralizó el desahucio de Mari Carmen. Ese mismo mes el Gobierno publicó un decreto que anunciaba ayudas al alquiler para colectivos vulnerables y suprimía los desahucios hipotecarios y de arrendamiento. 

Era una de las medidas estrella del llamado ‘escudo social’ para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. Pero ya en julio, poco después del fin del estado de alarma, Mari Carmen volvió a recibir una notificación. El desalojo volvía a ser una posibilidad. 

“Estoy buscando vivienda pero es imposible. Una habitación para mi hijo y para mí son mínimo doscientos euros, más la fianza, y yo cobro 190 euros de pensión”, explica Mari Carmen. “Me veo en la calle”, sentencia. 

Desahucios en pausa

Si el Ejecutivo no la prorroga, la moratoria de desahucios y lanzamientos finalizará en octubre. Por eso, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca piden que la moratoria se extienda, mínimo, hasta finales de 2021, para conocer los verdaderos efectos de la crisis derivados de la pandemia y que haya tiempo para legislar. 

Además, consideran necesaria una exoneración del pago de las deudas para evitar el sobreendeudamiento. “La moratoria no deja de ser una titira”, explica a Newtral.es Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, “el día que se termine, todas las familias acogidas a la moratoria van a tener que pagar lo que deben”.

Desde plataforma consideran que la cancelación de lanzamientos es, ahora, más necesaria todavía. “Si antes la gente estaba en una situación precaria, cuando han salido del estado de alarma, más aún. No tiene sentido, la gente está mucho peor de lo que estaba”, declara Carles Compte, de la PAH de Manresa. 

Después del parón del verano, el inicio del curso en la plataforma augura un otoño caliente. “Desde septiembre lo estamos notando, ha subido la cantidad de gente nueva y de familias afectadas que vienen y nos dicen que no pueden pagar”, relata Ramón. 

En el lado opuesto de las advertencias de los colectivos se encuentra un titular, el derivado de la última Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias del INE: durante el segundo trimestre del año no se ha producido ningún procedimiento de ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales. Nadie ha sido desahuciado pero en cuanto el estado de alarma ha terminado, las notificaciones han empezado a llegar. 

Según las organizaciones, la ausencia de desalojos no solo se ha debido a la moratoria impulsada por el Ejecutivo, sino al parón judicial provocado por el estado de alarma durante cuatro meses. 

Las notificaciones vuelven a llegar

“Todos los desahucios programados en meses previos al COVID-19 están archivados, esperando, y ahora van saliendo con cuentagotas”, asegura Ramón, que cuenta que en cuanto abrieron los juzgados en julio, el 11, el 12 y el 13 del mismo mes “ya estábamos parando desahucios” en Hospitalet (Barcelona).

“El titular de que no se puede desahuciar a nadie es engañoso”, critica Ramón. Se refiere, por ejemplo, a una vecina de 70 años y su familia en Alcalá de Henares (Madrid), o a una mujer de 69, en Bilbao. El desalojo de la primera se ha podido paralizar esta semana, pero no el de la segunda. 

Latisa y sus tres hijos pueden correr la misma suerte en solo unos días, el 18 de septiembre. Antes de la pandemia trabajaba cuatro horas al día como empleada del hogar, por un sueldo de cincuenta euros a la semana. Junio fue el último mes en que pudo pagar el alquiler y la semana pasada la policía tocó a la puerta. Le dieron dos semanas para dejar la casa. 

Samira Karmoun, su sobrina, lleva desde entonces ayudando a su tía a encontrar una solución: “hemos ido al juzgado para solicitar un abogado de oficio pero nos dicen que no, porque tardan dos meses en asignar un abogado y la notificación de lanzamiento es inminente”, explica a Newtral.es. 

Inmersas en un laberinto burocrático, también han fallado en su intento de acogerse a la moratoria. “Pedimos al casero el recibo de la fianza pero no tiene declarado el alquiler de la casa, por eso tampoco se ha podido agarrar a eso”, cuenta Karmoun. 

La última esperanza de esta familia reside en una cita, la que les han dado en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid para el día 23, una semana después de la ejecución de lanzamiento: “tenemos justificante como que el 23 tiene cita para solicitar una alternativa. Si el 18 viene alguien, esperemos que sirva”

Además de las dificultades burocráticas, la PAH critica que no “todo el mundo” pueda acogerse a la moratoria. La guía de facilitación de acceso a las medidas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 explica que “no se puede desahuciar” a quienes se encuentren desempleados o hayan sufrido un ERTE “debido a la crisis del COVID-19”. “Solo te puedes acoger en caso de que puedas demostrar vulnerabilidad por culpa del COVID-19, si ya eras vulnerable antes de la pandemia, no entras”, subraya Ramón. 

Ya en su casa, Karmoun mira el edificio en el que vive y piensa en su tía: “aquí hay dos viviendas vacías del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) desde hace tres años. No están reformadas, pero para qué la van a mandar a la calle o a un albergue”, se pregunta, “si me las dan yo las puedo arreglar”.